Nuevas acusaciones para miembros del grupo criminal
El 20 de noviembre, el servicio de prensa de la Fiscalía Regional de Zhytomyr anunció que se habían presentado nuevas acusaciones contra cuatro personas que formaban parte de un grupo organizado. Se les acusa de la venta ilegal de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas especialmente peligrosas en lugares de privación de libertad. Las acciones de los acusados fueron calificadas conforme a las partes 2 y 3 del Artículo 307 del Código Penal de Ucrania.
Según señaló la fiscalía, el esquema para suministrar sustancias prohibidas a una de las colonias penales de la región fue organizado por tres presos condenados. El grupo estaba liderado por el llamado "vigilante" de uno de los sectores de la instalación. Para ejecutar su plan, reclutaron a una residente de Kyiv. Ella fue quien compró cantidades significativas de drogas y sustancias psicotrópicas, las ocultó en paquetes y las envió a la colonia. Tras recibir las sustancias prohibidas, los presos condenados las vendieron a otros reclusos.
Cronología de la exposición y escala de las operaciones
La investigación ha establecido que entre febrero y agosto de 2026, los organismos de aplicación de la ley documentaron nueve instancias de envío de paquetes que contenían drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas especialmente peligrosas. Además, se registraron cuatro casos de venta de estas sustancias a otros presos condenados.
Los cómplices fueron descubiertos en agosto de 2026 durante otro intento de transferir sustancias psicotrópicas en cantidades especialmente grandes a la colonia. Durante los allanamientos, se incautaron aproximadamente 20 gramos de mefedrona, PVP y metadona. También se confiscaron teléfonos móviles utilizados para coordinar el suministro, así como otros artículos relacionados con la actividad ilegal.
El papel del "vigilante" y la logística del suministro
La Dirección de la SBU en la región de Zhytomyr aclaró los detalles de la organización del proceso criminal. El organizador era un criminal reincidente que gestionaba efectivamente el grupo. Coordinaba las acciones de sus asociados, controlaba todas las etapas de la cadena, desde la compra hasta la venta final, y distribuía las ganancias recibidas.
El "vigilante" reclutó en el esquema a otros dos presos condenados y a una conocida de Kyiv, que tenía varias condenas previas. Ella actuaba como el "contacto en el exterior". Según la división de roles, algunos presos condenados aceptaban "pedidos", mientras que otros eran responsables de la compra y la venta. La mujer ocultaba las drogas entre productos alimenticios, vitaminas y artículos de uso doméstico, tras lo cual enviaba los paquetes a la colonia.
Acciones procesales y castigo
El Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional de Ucrania informó que a finales de agosto de este año se realizaron siete allanamientos autorizados en Kyiv y Korosten, incluido en el territorio de la colonia penal. En ese momento, tres presos condenados y su cómplice de Kyiv fueron notificados de la sospecha de tráfico ilegal de drogas.
Considerando las pruebas recopiladas, que confirmaron la naturaleza organizada de la actividad, el 17 de noviembre se acusó al organizador y a tres de sus cómplices conforme a la Parte 3 del Artículo 307 del Código Penal de Ucrania. Este artículo establece la responsabilidad por la producción, fabricación, adquisición, almacenamiento, transporte, envío o venta ilegal de drogas narcóticas, sustancias psicotrópicas o sus análogos, cometidos por un grupo organizado.
Actualmente, todos los presos condenados están en la colonia, cumpliendo sus condenas anteriores. En cuanto a la mujer de Kyiv, se ha elegido la detención domiciliaria de 24 horas como medida preventiva. La investigación preliminar está en curso. Está siendo realizada por investigadores de la Dirección Principal de la Policía Nacional en la región, con apoyo operativo de la Dirección de la SBU en la región y del Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional. Los acusados enfrentan un castigo en forma de privación de libertad de hasta 12 años por los crímenes cometidos.
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